Negociaciones de conflictos rurales e intervención estatal, 1930 - 1960

Abstract

Investigaciones previas muestran que la conflictividad rural (junto con la inestabilidad política del país) se redujo drásticamente entre las agitadas décadas de 1920 y 1930 y los “calmados” lustros de 1945 a 1960. Las modalidades de intervención estatal en estos conflictos han sido poco estudiadas en el país. Esta investigación se propone describir los episodios de conflicto rural y las intervenciones estatales en el procesamiento de dichos conflictos en el Ecuador entre 1940 y 1960. Se centra en las intervenciones del Ministerio de Previsión Social y Trabajo, la principal oficina del sector público encargada del tema. Los expedientes sobre conflictos rurales son bastante escasos en los años 1940. Las intervenciones públicas se vuelven raras, lo que sugiere que la legislación laboral y agraria contribuyó a estabilizar las relaciones sociales conflictivas en el agro. Los años 1950 y particularmente la segunda mitad de la década verán crecer enormemente el número de expedientes sobre conflictos rurales. En ese momento las estrategias, mecanismos y procedimientos de mediación estatal están mucho más desarrollados. Los sistemas de arreglo mediante “actas transaccionales” se perfeccionaron durante estos años y eran el mecanismo principal de mediación estatal en la conflictividad rural. Estas actas implicaban generalmente un pliego de peticiones, una respuesta de los propietarios y la elaboración de una propuesta de transacción por parte de un tribunal creado dentro del MPST. Sin embargo, a fines de los años 1950, ya no era suficiente para contener o evitar el enfrentamiento que llevaría a la reforma agraria. La diferencia es que esta vez la lucha por la tierra emergía inconteniblemente de una forma que no había aparecido en los años 1930: en la Costa la tierra se volvió escasa, la población abundante y crecieron las disputas entre arrendatarios y propietarios; mientras en la Sierra la demanda de más huasipungos creció en todos lados conforme los dueños se negaban a asignar nuevos lotes a los indígenas que, según la costumbre, tenían derecho a ellos. Esta demanda emergente, que no refería solamente a los abusos de los funcionarios o a la regulación de las relaciones laborales, sino que aludía al control del activo productivo más esencial, a la fuente principal del poder social de los hacendados, abrirá una nueva etapa en la historia agraria, política y económica del país.