La duración del proceso en los delitos de violencia física contra la mujer dentro del núcleo familiar afecta el principio de igualdad y no discriminación

Abstract

En un estado constitucional de derechos y justicia como el nuestro, el estado no sólo tiene la obligación de respetar y garantizar la igualdad y no discriminación, ya sea eliminando normas o prácticas que perpetúen su violación, o adoptando normas o prácticas que efectivicen este principio sin discriminación de jure o de facto, incluyendo la adopción de medidas positivas para revertir o cambiar estas situaciones discriminatorias; sino además, tiene la obligación de garantizar el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, que incluye su responsabilidad de tomar las medidas que sean necesarias para que la mujer en situación de violencia intrafamiliar, tenga acceso efectivo a recursos idóneos. Sin embargo un proceso penal que no solo las revictimiza sino que es lento en su respuesta como el ordinario, generaba tardanza en la justicia que perpetuaba la violencia y la impunidad, pues en la mujer en situación de violencia intrafamiliar el adagio de “la justicia tarda pero llega” no se aplica, ya que para ella una justicia tardía puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, de ahí que tomando en cuenta el ciclo de violencia que padecen, es responsabilidad del Estado darle una tutela judicial efectiva y un acceso rápido a la justicia, como lo dispone el Art. 75 de nuestra Constitución. Para hablar de un verdadero acceso a la justicia deberían derribarse las dificultades que se le presentan a la mujer en situación de violencia intrafamiliar cuando intenta acceder a ella, y una de las aristas, era encontrarse frente a un proceso penal tardío como el ordinario, tornándose entonces necesaria la obligación del estado de adoptar medidas especiales consistentes en un trato diferente a este grupo discriminado a través de la aplicación del procedimiento directo para la sustanciación del proceso penal en delitos flagrantes de violencia intrafamiliar, no superiores a 5 años de privación de libertad. Finalmente se realizará un estudio razonado de la validez constitucional o no del procedimiento directo en el caso examinado, para lo cual me remitiré –además de lo anteriormente investigado- a las decisiones de la Corte Constitucional Ecuatoriana, y utilizaré el principio de proporcionalidad usado por Carlos Bernal Pulido, para poder concluir si es constitucional o inconstitucional la medida adoptada por los y las asambleístas.