Las actuaciones policiales en el caso avalancha

Abstract

En el presente trabajo, se realiza un estudio de las actuaciones de la policía, en el conocido caso “avalancha”, dado a conocer así, por los medios de comunicación social; allá en el 2012. El 12 de marzo del 2012, se produjo el operativo policial, que mediante allanamientos a domicilios se detuvo a 24 personas, que integraban las organizaciones delictivas, conocidas como “las mama luchas” y “las maría luisas”; mafias, que mantuvieron en zozobra a los comerciantes de los mercados y moradores del Centro Histórico de la ciudad capital. A criterio de los detenidos y sus abogados defensores, en ese operativo policial, durante el operativo y posterior procesamiento judicial, se transgredieron sus derechos, como el derecho a la inviolabilidad al domicilio, a la intimidad, a la integridad física, psíquica y moral, a tratos degradantes, a la propiedad, libertad y al debido proceso. Para verificar lo anterior, he procedido a revisar el expediente de instrucción fiscal N° 010-04-2012 y la causa penal N° 010-04-2012 y el Proceso Penal No. 066 del año 2012, que consta en los archivos del Tribunal Quinto de Garantías Penales de Pichincha. En estos expedientes constan informes policiales, actas de audiencias de formulación de cargos, de audiencias bajo el procedimiento ordinario, simplificado y abreviado; así como también resoluciones judiciales, a través de los cuales se vislumbran procedimientos violatorios al debido proceso y a los derechos a la inviolabilidad del domicilio, al derecho a la intimidad, a la propiedad, entre otros. Sus contenidos me han permitido realizar un estudio amplio del caso, a efectos de verificar lo sustentado por los procesados y sus abogados, a la luz del debido proceso, a efectos de determinar si violaciones al debido proceso, para lo cual me remito a las conclusiones que llego al final de este trabajo. Mi investigación, está orientada a determinar de qué manera utilizó la orden judicial de allanamiento, incautación y detención con fines investigativos, ordenada el 9 de marzo del 2012, por el Juez Vigésimo Segundo de Garantías Penales de Pichincha, en el acto urgente N° 021-2012; fundamentalmente, de qué manera influyó en los derechos violados de los detenidos, a la luz de la constitucionalidad de los principios que garantizan la aplicación del derecho penal.