Análisis de la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba previstos en la audiencia evaluatoria y preparatoria del juicio penal en Ecuador

Abstract

La cláusula de exclusión probatoria es uno de los temas más complicados de la dogmática penal pues supone la consideración de varios aspectos relevantes que se relacionan estrechamente con los derechos fundamentales de los procesados, pero también con la necesidad de que se descubra la verdad en el cometimiento de una conducta penalmente relevante, y con ello se pueda administrar justicia, sancionar a los responsables y verificar, de esta forma, un valor también constitucionalmente relevante como es la justicia. Estos dos extremos están conectados mediante una serie de garantías constitucionales o derechos procesales que el legislador ha considerado necesario implementar en beneficio del procesado, de forma tal que la conformación del proceso penal ve en las garantías del debido proceso y los derechos fundamentales de las personas procesadas un dique de contención del poder punitivo del Estado. Es decir se puede investigar todo delito, pero no se puede violentar sus derechos fundamentales a la dignidad, a la intimidad, a la privacidad, a la correspondencia, etc., De allí que la actividad investigativa realizada por el Ministerio Público y la Policial se debe realizar dentro de estas garantías procesales que restringen los abusos del poder punitivo. Una de esas reglas fundamentales es la admisión de medios de prueba que sean compatibles con la Constitución y la ley procesal, pues si estos son adquiridos con violación a los derechos sustanciales de los procesados o en franca contradicción a los ritos para obtenerla, se los deben excluir del proceso pues constituye una de las más importantes misiones del Estado el respeto de las garantías y deberes de los ciudadanos consignada a nivel constitucional. Las pruebas inconstitucionales e irregulares son sometidas a un control, en la audiencia evaluatoria y preparatoria a juicio, para su admisión al proceso penal y ese control se contiene en la denominada cláusula de exclusión probatoria que impide que esta clase de pruebas sean aceptadas, conocidas y valoradas por el juzgador, tal como se verá en el desarrollo de esta investigación.