La tutela judicial efectiva como fundamento para el establecimiento de judicaturas especializadas en acciones de garantías jurisdiccionales

Abstract

Nuestro país a partir del 20 de octubre del año 2008, con la entrada en vigencia de la Constitución de la República experimenta notables cambios, pues uno de ellos se considera el surgimiento de nuevas garantías jurisdiccionales para la protección de nuestros derechos, pues las mismas son activadas cuando a las personas se los limita de los derechos garantizados en la norma suprema. Estas garantías jurisdiccionales puntualizadas en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, son conocidas, tramitadas y resueltas por jueces de primer nivel de cualquier materia y en base al principio de doble instancia, por apelación son conocidas, tramitadas y resueltas por cualquiera da las Salas que conforman las Cortes Provinciales. Hecho, que ha generado serios problemas en la administración de justicia constitucional respecto a las garantías jurisdiccionales, tanto para los jueces, como para los usuarios sean estos legitimados activos o pasivos de las acciones constitucionales, contraviniendo así a la tutela judicial efectiva, la misma que se traduce en el derecho que tienen los ciudadano para acceder al órgano jurisdiccionales ante un juez, competente, independiente e imparcial obedeciendo al principio de especialidad, que en el proceso judicial se observen las garantías básicas del debido proceso, que se emita una resolución debidamente motivada y que la misma sea ejecutada, pues tanto la sustanciación del proceso como su ejecución deberá realizarse dentro de un plazo razonable. Perú es un país que actualmente se encuentra evolucionando en este tema, pues ya cuenta con judicaturas especializadas en acciones constitucionales, no en todas las provincias, pero si se ha empezado por aquellas donde existe mayor demanda de ciudadanos, este ejemplo puede ser relevante para nuestro país a fin de iniciar el debate sobre la necesidad de que se creen judicaturas especializadas en acciones constitucionales y que también se creen salas especializadas de lo constitucional en las Cortes Provinciales.