Análisis del procedimiento directo en casos de tráfico ilícito de sustancias en el CDP El Inca, Quito en el 2024

Abstract

El tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización representa una complicación estructural con profundos impactos en la sociedad ecuatoriana. Ante esta situación, el procedimiento directo previsto en el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se ha establecido como un instrumento procesal diseñado para envestir de celeridad a la resolución de delitos relacionados con tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Sin embargo, su implementación ha generado una serie de debilidades estructurales dentro del Centro de Detención Provisional “El Inca”. Esta investigación tiene como punto central explicar la razón por la que la concentración de todas las etapas procesales en una única audiencia, (procedimiento directo), afecta de manera significativa la garantía del derecho a la defensa de los procesados, es por ello que, al enfrentarse a estos procesos sumamente acelerados, pueden no contar con el tiempo ni los recursos adecuados para la preparación de su defensa, esto podría derivar en decisiones judiciales apresuradas. Si bien es cierto el procedimiento directo busca celeridad y descongestionar el sistema judicial, pero puede llegar a vulnerar principios constitucionales tales como la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la seguridad jurídica, generando de esa manera una "desigualdad de armas" entre las partes, además que la cortedad del tiempo para presentar pruebas y el hecho de que el mismo juez que califica la flagrancia deba dictar la sentencia pueden comprometer la imparcialidad. Se usó una metodología con enfoque jurídico y sociológico que permitió recopilar y procesar información mediante entrevistas a funcionarios y personas privadas de libertad dentro del CDP El Inca, análisis de expedientes judiciales, revisión de normativa ecuatoriana y documentos académicos. Para recopilar la información y analizarla se utilizó la herramienta Google Colab para el análisis exploratorio de los datos correspondientes. Los resultados permiten proponer recomendaciones para mejorar la aplicación del procedimiento directo, garantizando que la celeridad no aminore los derechos fundamentales de las personas procesadas.