Parámetros para la aplicación de la prueba para mejor resolver conforme el Código Orgánico General de Procesos

Abstract

Este estudio aborda la crítica indeterminación reglamentaria del artículo 168 del COGEP, facultad que otorga al juzgador la potestad de ordenar prueba oficiosa. La falta de claridad normativa promueve un arbitrio desmedido que vulnera la certeza legal, la previsibilidad procesal y la neutralidad judicial. El propósito fundamental es analizar exhaustivamente los límites sustantivos de esta potestad para proponer parámetros objetivos que aseguren su ejercicio garantista. La metodología posee una perspectiva dogmático-cualitativa, descriptiva y propositiva. La técnica exegética facilitó el examen del marco legal vigente, evidenciando carencias reglamentarias. Se empleó el método comparado para contrastar la figura ecuatoriana con países andinos, enriqueciendo el análisis doctrinario. De forma medular, se incorporó el análisis del discurso para examinar la construcción lógica de la motivación judicial, identificando patologías retóricas que evidencian la realidad de la actuación de los jueces en la práctica y las graves consecuencias de una facultad sin control. Finalmente, el método propositivo permitió diseñar una solución técnica ejecutable: un protocolo de control judicial integral como aporte científico y pedagógico. Las conclusiones establecen que la potestad es legítima solo como mecanismo supletorio ante una insuficiencia probatoria calificada, sin sustituir la carga de las partes. Su aplicación en audiencia preliminar se identifica como un riesgo de parcialidad. La aportación central es el diseño del Test de Admisibilidad y Motivación Reforzada, el cual establece criterios de necesidad, pertinencia y prohibición de suplir la negligencia, resolviendo el vacío del COGEP y mitigando la discrecionalidad judicial para blindar el sistema.