Vulneración de la garantía procesal del debido proceso por parte de los funcionarios públicos de la Contraloría General del Estado, en relación con la resolución de determinación de responsabilidad civil culposa

Abstract

Esta tesis analiza la vulneración de la garantía procesal del debido proceso en los procedimientos de determinación de responsabilidad civil culposa tramitados por la CGE. Desde una perspectiva constitucional y procesal, se examina si las actuaciones administrativas del órgano de control se ajustan a los estándares previstos en la Constitución de la República del Ecuador (CRE), en la legislación administrativa y en la jurisprudencia constitucional. El estudio se desarrolla a partir de un enfoque cualitativo, con nivel descriptivo y explicativo, y se apoya en el método dogmático-jurídico al cual se suma el análisis de algunos casos. A través de la revisión normativa, jurisprudencial y documental, se identifican vicios procedimentales recurrentes que afectan al derecho a la defensa, a la debida diligencia, a la motivación de los actos administrativos, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, particularmente en las etapas de notificación, sustanciación del procedimiento y emisión de las resoluciones de responsabilidad civil culposa. El análisis de cuatro casos concretos (del lapso comprendido entre 2014 y 2024) evidencia que dichas vulneraciones no constituyen hechos aislados, sino prácticas administrativas reiteradas que derivan, en considerables ocasiones, en la declaratoria de nulidad de los actos administrativos en sede contencioso-administrativa. Esta situación genera no solo afectaciones a los derechos de los administrados, sino también consecuencias institucionales negativas para el Estado, como el incremento de la litigiosidad y la ineficiencia del sistema de control. Finalmente, la investigación sostiene que el ejercicio legítimo de la potestad de control estatal exige la observancia estricta del debido proceso como límite constitucional ineludible, pues solo a través del respeto a las garantías procesales es posible asegurar decisiones válidas, eficaces y acordes con un Estado constitucional de derechos y justicia.