Acción humanitaria y discapacidad en Ecuador: exclusión ciudadana como factor de vulneración de derechos en contextos de crisis

Abstract

Este estudio examina la disonancia entre la vanguardia constitucional de Ecuador y la protección efectiva de los derechos de las personas con diversidad funcional durante crisis y desastres. El objetivo del estudio es evaluar el cumplimiento del art. 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, analizando cómo la exclusión participativa en la elaboración de políticas públicas vulnera derechos a la vida, salud y dignidad a lo largo del ciclo de desastres. El marco teórico transita del modelo asistencialista al modelo social de la discapacidad, que resalta las barreras del entorno como origen de la exclusión, complementado por principios humanitarios como la humanidad y la imparcialidad, y una ética de justicia global que transforma la ayuda en un deber ético más allá de la caridad. Metodológicamente, superando el análisis dogmático, se empleó la matriz de indicadores de derechos humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para realizar una auditoría del desempeño estatal en lo que corresponde a la estructura legal, procesos de implementación y resultados reales, combinando análisis jurídico con datos empíricos como encuestas a organizaciones y revisiones normativas. Entre los hallazgos clave destacan la ambigüedad en la Ley Orgánica de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, que usa términos genéricos, sin protocolos específicos ni financiamiento verificable, transfiriendo responsabilidades a los gobiernos locales con déficits presupuestarios. Esta ambigüedad se agrava por una invisibilidad estadística, con una brecha entre más de un millón de personas con dificultades funcionales identificadas en el Censo 2022 y solo 487 542 carnetizadas. A esto se suma que el 64,28 % de organizaciones de personas con diversidad funcional no son consultadas para la construcción de normativas nacionales y locales, o protocolos operativos para una atención especializada y digna. La inacción detectada configura un fallo sistémico, que vulnera el deber de la debida diligencia reforzada. Así, la protección se convierte en una simple formalidad administrativa al carecer de protocolos específicos y presupuestos verificables, dejando a este colectivo en una permanente incertidumbre.