La simulación o fraude laboral mediante el uso de contratos civiles como instrumento para evadir obligaciones laborales

Abstract

Los derechos laborales gozan de características exclusivas como la irrenunciabilidad, la impostergabilidad/imprescriptibilidad, la progresividad, la intangibilidad, la intransferibilidad, entre otros, lo que les otorga una condición especial frente a otros derechos porque no solo cumplen un rol social, sino también un rol patrimonial. Es este dualismo, el que obliga al Estado a brindar una protección reforzada si estos derechos se encuentran en conflicto, sobre todo cuando dichos derechos se evaden, se reducen, se invisibilizan o se anulan por decisión y para beneficio de la parte empleadora, quien, además, es la propietaria de la fuente de empleo y quien goza de mayor capacidad negociadora en la relación laboral. Este precisamente es el objeto de análisis del presente estudio cuando ocurre el fraude o simulación en materia laboral. Derechos como la fijación de un salario mínimo sectorial, el pago de horas suplementarias y extraordinarias, el goce de décimos, las prestaciones derivadas de la seguridad social de acuerdo con el régimen de afiliación obligatorio, los pagos de vacaciones son derechos fundamentales en materia laboral; y, éstos se ven afectados cuando se simula el contrato de trabajo bajo relación de dependencia con otra modalidad como lo es el contrato civil. Sin duda alguna, esta conducta evade el cumplimiento de catálogo de deberes de una de las partes (empleador) y afecta el goce de derechos fundamentales de la otra parte (trabajador). Es por ello, que esta propuesta de investigación que se desarrolla también busca definir y establecer las generalidades de esta conducta atentatoria de derechos que se ha denominado, como simulación o fraude laboral, así como aborda el hecho de que su implementación transgrede a principios rectores del trabajo como la primacía de la realidad. Finalmente, se recomienda una propuesta de reforma legal para incluir a la simulación contractual o fraude laboral mediante una pequeña reforma al vigente Código de Trabajo, recogiéndolo de distintos cuerpos normativos jerárquicamente inferiores, con el afán de codificar su dispersión, pero evidenciar la importancia de prevenir estas conductas que no solo generan afectaciones patrimoniales sino que desnaturalizan el rol social que tiene el trabajo como derecho humano y deber social por parte del Estado.