Los enfoques de derechos humanos en la política migratoria ecuatoriana, 2008-2024: el caso de la regularización de la población cubana y venezolana

Abstract

La presente investigación parte del reconocimiento de una tensión estructural entre el discurso garantista consagrado en la Constitución de 2008 y la práctica restrictiva derivada de las políticas migratorias ecuatorianas entre 2008 y 2024, particularmente frente a los flujos de población migrante cubana y venezolana. El problema central identificado es la débil incorporación del enfoque de derechos humanos en la política de regularización migratoria, debido al avance de un enfoque securitista que ha priorizado el control estatal por encima de la garantía de derechos. El objetivo general del estudio es analizar críticamente la articulación del enfoque de derechos humanos en las políticas de regularización migratoria adoptadas por el Estado ecuatoriano hacia las personas migrantes cubanas y venezolanas en el período 2008–2024, identificando sus alcances, tensiones y efectos sobre el ejercicio de derechos. Desde una metodología cualitativa de tipo exploratorio-descriptiva, se realizaron veinte entrevistas semiestructuradas a personas migrantes (venezolanas y cubanas) y a expertos en movilidad humana, con énfasis en sus experiencias con los procesos de regularización y las percepciones sobre la política migratoria estatal. Los resultados evidencian una creciente distancia entre el marco constitucional garantista y las prácticas administrativas, caracterizadas por obstáculos burocráticos, estigmatización, discursos de criminalización y discrecionalidad en la implementación de políticas. Se identifican también diferencias en el trato estatal según la nacionalidad de los migrantes, lo que genera impactos diferenciados en sus trayectorias de integración. Como conclusión, se constata un retroceso normativo y práctico en la incorporación del enfoque de derechos humanos, lo que pone en entredicho la coherencia del sistema normativo ecuatoriano. El estudio plantea la necesidad urgente de una reforma legal y política que armonice la legislación ordinaria con los principios constitucionales y los estándares internacionales de protección de derechos humanos.