El derecho de la mujer a una vida libre de violencia psicológica: respuesta de la administración de justicia para la garantía del derecho a su tutela efectiva desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal

Abstract

Una de las tantas formas de violencia de las que las mujeres son víctimas, es la violencia psicológica que, en un gran porcentaje, se genera en el ámbito íntimo de la familia. El Estado ecuatoriano, garante de derechos fundamentales, ha delimitado a través de la Constitución, los derechos de las mujeres desde su ejercicio en igualdad y no discriminación, y ha tranversalizado sus contenidos desde una perspectiva de género en todo el andamiaje constitucional, en la normativa nacional, y en acuerdo a la normativa internacional. Esta estructura deviene en el marco legal sobre el que se desarrolla el Código Orgánico Integral Penal que se analiza en esta tesis, en lo que tiene que ver con la tipificación del delito. La violencia psicológica se ha tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal, consecuentemente su conocimiento es competencia de los Juzgados y Tribunales Penales y su investigación está a cargo de la Fiscalía especializada. Además de la norma orgánica, estás instituciones en ejercicio de sus funciones, han desarrollado una serie de políticas judiciales encaminadas a garantizar la aplicación de la ley, de tal forma que su evaluación se ha desarrollado a la par de su aplicación práctica. Luego de analizar cada uno de estos instrumentos legales, aplicados en el ámbito de competencia de las instituciones estatales, y de entrevistar a los operadores de justicia, fue evidente que en muchos de los casos de violencia psicológica puestos en conocimiento del Estado a través de una denuncia, no prosperaban con una investigación, cuyos resultados entregarían al juzgador, los presupuestos de certeza para sancionar al agresor y disponer medidas que garanticen la reparación de la víctima. Es indispensable por lo tanto, fortalecer las capacidades de las instituciones públicas competentes, sensibilizar en materia de género a los operadores de justicia y, a la par, a través de las instituciones del Estado aplicadas en los ámbitos de salud o educación, desarrollar programas de prevención y sensibilización para que sean implementados en los espacios de acción de los diferentes actores sociales.