La naturaleza garantista de la defensa pública

Abstract

La creación de la Defensoría Pública es el resultado de un mandato de transformación social desde la Constitución. De esta manera, la Defensoría Pública es una garantía en sí misma, lo que quiere decir que es fruto de la obligación positiva del Estado ecuatoriano de garantizar los derechos mediante la adopción de políticas de justicia en tres niveles. El primero para los procesos judiciales, el segundo para los organismos del sector justicia y el tercero para eliminar las barreras estructurales que afectan el acceso a la justicia, la independencia judicial y la integralidad de la justicia. Cuando se hace política desde una Defensoría Pública, debe, por tanto, focalizársela hacia los sectores más vulnerables y de atención prioritaria. La idea es que se garantice, en la realidad, el principio de la igualdad de armas en el proceso penal, entre las personas procesadas y las víctimas. Por esto, es que en esta tesis se sostiene que no es adecuado que se establezca, en las normas jurídicas, la obligación en abstracto de defensa pública, pues esto debilitaría gravemente la defensa de los procesados y afectaría la focalización del servicio en favor de los más pobres. De acuerdo a todo lo manifestado, en este trabajo se divide de la siguiente manera: a) la Defensoría Pública como institución de garantías, donde se explicarán las razones que la convierten en un organismo de garantía; b) la Defensoría Pública como una institución políticamente focalizada, que describirá la política defensorial adecuada para otorgar una mayor cobertura y maximizar la protección de los derechos de quienes se encuentran en desventaja social; y, c) finalmente, incluiremos un análisis de los hallazgos de la investigación de campo que se realizó para este trabajo y que consistió en la aplicación de un plan de investigación cualitativa de casos específicos litigados por la Defensoría Pública.