Naturaleza jurídica de las contrataciones bajo el mecanismo de giro específico del negocio de bienes y servicios internacionales, utilizado por las empresas públicas en el marco de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

Abstract

Las exigencias sociales y las correlativas necesidades gubernamentales de satisfacerlas, han contribuido al fortalecimiento del rol del Estado en la economía. Bajo el nuevo marco Constitucional, este rol se ha visto impregnado en el desarrollo de plataformas, espacios oportunos y prósperos para la operativización de las más diversas formas organizativas de gestión gubernamental. Dentro de estas, se destaca la creación de Empresas Públicas, figura de Derecho Administrativo la cual, de conformidad al artículo 261 de la Carta Magna, es de su competencia exclusiva, la prestación de servicios públicos, ejercer el control y explotación de los sectores estratégicos, y emprender actividades empresariales dentro de su giro de negocio. Es en este sentido, en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se da vida e instrumentalizan las distintas actividades, figuras legales, modalidades de contrataciones, alianzas, entre otras actividades, por las que puede optar la Empresa Pública para la adquisición de sus bienes, servicios, consultorías, obras, entre otros bienes y servicios, que le permitirán cumplir a cabalidad su objetivo de creación. Una de las modalidades creadas para el ejercicio de las actividades propias de una Empresa Pública, plasmadas en los artículo 2 numeral 8 de la LOSNCP y 104 del Reglamento de la LOSNCP, son las contrataciones de giro específico del negocio, modalidad a la que el Legislador le adeuda un desarrollo normativo mucho más específico y abundante, pues no se establece el procedimiento local e internacional concreto para su ejecución, he ahí el problema de investigación propuesto, ya que esta modalidad se utiliza para las contrataciones en el estrato internacional, sometiéndose en algunos casos los contratos y sus correlativas obligaciones, a las legislaciones de los países que proveen el bien, servicio, obra y consultoría. En este sentido el Derecho Administrativo, como herramienta y rama del Derecho Público indispensable en la vida de la administración pública, se ha acoplado en una lucha que algunos tratadistas llaman, huida del Derecho Administrativo, lo que en derecho privado sería el giro específico del negocio, siendo las empresas estatales quienes más recurren a dichas prácticas cuando sus necesidades empresariales así lo exigen.