Legitimidad democrática e interpretación de la Constitución: proyección a la tarea interpretativa de la Corte Constitucional del Ecuador

Abstract

Siguiendo una tradición que arranca en los debates norteamericanos para dar paso a lo que constituirá el denominado control difuso de constitucionalidad a través de casos paradigmáticos como el Marbury vs Madison, o, para el caso europeo, a través de la inclusión del denominado control concentrado de constitucionalidad en la experiencia austriaca y checoslovaca en 1920, la institución de la revisión judicial de constitucionalidad ha tenido una importante expansión a nivel mundial. Sin embargo, a la par de dicha expansión, ha surgido inmediatamente la pregunta: ¿Qué es lo que justifica que un grupo de personas no elegidas de forma directa por el pueblo, puedan declarar la invalidez de una ley que es expresión de la voluntad popular? Esta dificultad, conocida como la dificultad contramayoritaria desde Alexander Bickel, ha penetrado profundamente los debates contemporáneos, intentando articular una respuesta satisfactoria, en términos democráticos, a las críticas que se vierten sobre la revisión judicial. La presente investigación, luego de anotar algunas cuestiones preliminares que desembocan en éste debate central, pretende justificar la vigencia del control de constitucionalidad en determinados contextos frente a su inevitable expansión, sin subestimar la envergadura que el problema contramayoritario representa para una democracia. Para ello, y con el fin de acotar un margen de discrecionalidad considerable que ostenta el órgano de revisión judicial cuando se enfrente a normas de carácter general que le sirven de parámetro, así como, con la finalidad de tornar más permeable su actividad a la voluntad popular, ha de asumir una práctica deliberativa consistente, pero además, un estricto deber de motivación que permita justificar un grado de intervención racional y controlable. Finalmente, una verificación empírica en el ámbito del control abstracto de norma llevado a cabo por la Corte Constitucional, mediante la puesta en práctica del principio de proporcionalidad como canon de constitucionalidad y fuente de legitimidad del actuar de la Corte, permitirá evidenciar si en la realidad ecuatoriana, la anunciada dificultad contramayoritaria ha cobrado especial relevancia o, si en su defecto, el órgano jurisdiccional en su función de garante de la Constitución ha desarrollado otras prácticas que merecen ser destacadas.