La criminalización de la protesta social en el gobierno del presidente Rafael Correa, período 2007 – 2017: análisis del caso Central Técnico

Abstract

La protesta social ha sido un mecanismo utilizado por el ciudadano para levantar su voz ante los grandes poderes, exigir el respeto de sus derechos, la conquista de nuevos derechos y resistirse ante decisiones políticas que pudiesen afectar sus intereses. Nuestra Constitución y la legislación internacional amparan y protegen el pleno ejercicio del derecho a la protesta, misma que se encuentra unida intrínsecamente con la libertad de expresión, el derecho a la resistencia, derecho de reunión y participación. Es deber de un estado democrático proteger la protesta social, respetar esta forma alternativa de comunicación y participación de las personas. Lamentablemente en nuestro país y en estos últimos diez años de gobierno se ha visto que las diferentes manifestaciones sociales han sido blanco de críticas y lo que es peor, han sido criminalizadas con el único objetivo de silenciar a las personas que piensan diferente al gobierno de turno, el encargado de silenciar a estos disidentes ha sido el Poder Judicial, quien actuando con “independencia” ha utilizado al Código Penal y al Código Orgánico Integral Penal, cuerpos normativos totalmente represivos, como armas para perseguir a la protesta. En esta tesis se analiza a la protesta social como el derecho de derechos, si bien este derecho tiene límites, estos límites no pueden ser impuestos por el Derecho Penal porque se estaría criminalizando a la protesta. La esencia de protestar en las calles no es salir a delinquir ni protagonizar actos vandálicos, estos serían actos ajenos y aislados que deberían ser tratados como tal y no asociarlos con la protesta para justificar la intervención penal. Finalmente se analizará el caso de protesta de los estudiantes del Colegio Central Técnico ocurrido en la ciudad de Quito el día 22 de febrero de 2013, hechos que fueron judicializados y que llevaron a 12 estudiantes a estar privados de su libertad por aproximadamente 35 días por haber alterado el orden constitucional y haber quebrantado la seguridad interna del Estado, según palabras del Fiscal que investigó la causa. ¿Criminalización de la protesta o no?