El control gubernamental frente a la titularidad del ejercicio público de la acción penal

Abstract

Con fecha 19 de marzo de 2010, se publicó en el Registro Oficial N° 154 una resolución adoptada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, de manera unánime, en la que se establece que para el ejercicio de la acción penal pública -que constitucional y legalmente le corresponde a la Fiscalía General del Estado, es decir, para la formulación de cargos en los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito- se requiere informe previo de la Contraloría General del Estado en el que se determinen indicios de responsabilidad penal. Este informe, que debe ser realizado por el organismo técnico de control, se constituye en un requisito de procedibilidad para el inicio de la instrucción fiscal, mas no para el inicio de la indagación previa. Sin embargo, tal como lo establece el artículo 2 de la citada resolución, el fiscal interviniente tan pronto tenga conocimiento por cualquier medio de hechos presumiblemente constitutivos de delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, por lo cual debe solicitar a la Contraloría General del Estado la práctica de la auditoría gubernamental sobre tales hechos, así como la remisión del informe respectivo que, de establecerse indicios de responsabilidad penal, dará lugar al inicio de la instrucción fiscal. Bajo estas premisas surge la justificación de este estudio, razón por la que nos centramos en la determinación y argumentación de la normativa en torno al control gubernamental, frente a la titularidad del ejercicio público de la acción penal. En este orden de ideas, en el primer capítulo abordamos las competencias de la Contraloría General del Estado como ente de control, y sus facultades en relación a la determinación de indicios en la responsabilidad penal. En el segundo capítulo, establecemos las competencias de la Fiscalía General del Estado como el titular del ejercicio de la acción pública. Se destaca como parte muy importante de este capítulo el análisis de la citada resolución de la Corte Nacional de Justicia, publicada en el Registro Oficial No. 154, y su incidencia en la argumentación del estudio, en relación a la contradicción normativa de las facultades de ambas instituciones, haciendo énfasis en el delito de peculado. El tercer capítulo, finalmente, se concentra en el análisis del caso Mochila Escolar, donde se establece cuál fue el papel de la Contraloría General del Estado en el proceso penal. Con esta investigación se proponen alternativas para armonizar la normativa legal.