Problemas jurídicos que plantea la defraudación tributaria a partir del Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador

Abstract

El tema central de esta investigación es “Problemas jurídicos que plantea la defraudación tributaria a partir del Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador”, los objetivos específicos son: Analizar desde el punto de vista doctrinario la figura de defraudación tributaria. Demostrar que la figura de la defraudación tributaria está mal configurada en el COIP; y, evidenciar que ciertos casos contemplados como defraudación en este cuerpo normativo pueden considerarse contravenciones o faltas reglamentarias; y, Evidenciar los problemas jurídicos que pueden generarse para los contribuyentes en la aplicación del concepto de defraudación tributaria establecido en el COIP; y, proponer lineamientos para dar un trámite administrativo a estas normas, en aplicación de normas de derecho comparado. Luego de revisar varias teorías, en el presente trabajo se concluye que para la existencia del delito de defraudación tributaria debe configurarse el elemento subjetivo “dolo”, en consecuencia las infracciones en que la conducta dolosa no se compruebe, pueden categorizarse como infracciones administrativas (contravenciones o faltas reglamentarias) establecidas en el Código Orgánico Tributario, mas no como defraudación. Empero en el respectivo análisis se observan casos en los que es bastante discrecional el juzgar si la conducta del sujeto es dolosa o negligente, lo que no favorece al contribuyente sino a la Administración Tributaria, que cataloga como delito el solo hecho de dejar de pagar los tributos establecidos por la ley, apartando en consecuencia las figuras negligentes e imprudentes. A pesar de lo señalado, de los veinte casos detallados en el artículo 298 del COIP, se encontraron tres que pueden considerarse infracciones administrativas, por lo cual no merecen la categoría de delitos defraudatorios, ni las sanciones impuestas en dicha norma por tratarse de conductas culposas, cuya sanción debe ser proporcional a la gravedad de la infracción cometida por el sujeto, en acatamiento al principio de mínima intervención penal garantizado constitucionalmente.