El ejercicio de la potestad de control en la fase precontractual de los procedimientos de contratación pública

Abstract

El Derecho Administrativo norma las actuaciones de la Administración y a los órganos que realizan la función administrativa, el objeto del Derecho Administrativo es la Administración Pública, conceptualizada como la actividad permanente, concreta y práctica del Estado que tiende a la satisfacción ciudadana. La organización del Estado es necesaria para ejercer esta función administrativa, de esta manera se regula la competencia, las relaciones jerárquicas, la situación jurídica, las formas de actuación y en especial el control. El control como garantía de legitimidad y oportunidad logra la eficiencia y moralidad de las actividades del Estado; por tanto, el control es necesario y aplicable a la gestión de la Administración Pública, a quienes ejercen la función administrativa e incluso a los que tratan con la Administración. La contratación pública forma parte del Derecho Administrativo y como política pública de Estado es el medio utilizado para el cumplimiento de objetivos nacionales, su ejecución pretende la satisfacción de las necesidades ciudadanas y el desarrollo común del país. Debido a su importancia tanto en el ámbito administrativo como económico del Estado, y por los considerables montos del recurso público que utiliza, es indispensable realizar el control de sus actividades para asegurar la competencia entre participantes, las condiciones técnicas del bien o servicio, la selección objetiva, la transparencia, los fines de la contratación y en especial el esmero y pulcritud en el uso de los fondos del erario. Con el fin de escoger al mejor proveedor del Estado para la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, cada entidad contratante requiere pasar por un procedimiento administrativo complejo que comprende la fase precontractual. En esta fase donde se forma la voluntad de la Administración pública se involucran actores públicos y privados, actos públicos, órganos de control, administrados y la ciudadanía. La regulación normativa para la consecución del procedimiento de adquisición es indispensable, sin embargo, las funciones de los entes de control en el ejercicio de la contratación pública se han visto interferidas en nuestra opinión por la profusa e inconsulta emisión de normas desde numerosas entidades públicas con competencia reguladora y controladora.