El control constitucional de los decretos de estados de excepción durante el período 2008-2017 en Ecuador

Abstract

Esta investigación tiene como objetivo determinar si la Corte Constitucional hizo un efectivo control formal y material de las declaratorias de estados de excepción y de las medidas adoptadas, conforme los mandatos vigentes a partir de la Constitución de Montecristi. Quien decida leer estas páginas encontrará una herramienta para aproximarse a la realidad material del examen de constitucionalidad de los 85 decretos de estados de excepción expedidos por el Presidente Rafael Correa Delgado entre noviembre de 2008 y abril de 2017. En primer lugar conoceremos los alcances de los estados de anormalidad constitucional, que forman parte del ordenamiento jurídico de las democracias occidentales y pueden ser activados por los Jefes de Estado, para sofocar crisis derivadas de fenómenos naturales, problemas políticos, económicos, sociales y ambientales, o guerras exteriores. También será necesario revisar sus diversas denominaciones, concepto, naturaleza y finalidad, así como la doctrina, legislación y jurisprudencia. Repasaremos las modalidades de control, sin descuidarnos de la evolución registrada en el Ecuador a partir del examen político, con supremacía parlamentaria, hasta el jurisdiccional que tiene como su hito la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales en 1945, hasta concluir con el desafío de institucionalizar esta supervisión en manos de una magistratura especializada. Ese control que puede ser concentrado o difuso, es una facultad que la asumen órganos políticos como el Congreso o jurisdiccionales denominados magistraturas especializadas que incluyen a tribunales únicos e independientes, una sala constitucional o al pleno del máximo órgano de administración de justicia ordinaria. Este trabajo académico analiza el control jurisdiccional de los estados de excepción a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador emitida entre diciembre de 2008 y mayo de 2017, para concluir con la recomendación de cambios constitucionales y legales, que restrinjan el uso arbitrario de esta herramienta jurídico constitucional.