Lineamientos de política criminal para garantizar el derecho humano a la no revictimización en mujeres víctimas del delito de violación en Quito

Abstract

El presente estudio académico propone la formulación de lineamientos de política criminal para garantizar efectivamente el derecho humano a la no revictimización de las mujeres víctimas del delito de violación en la ciudad de Quito-Ecuador, a través de una política criminal transversal con enfoque de derechos humanos y género. La información teórica en este documento fue obtenida a través de fuentes bibliográficas que permitieron nutrir a la investigación de los conceptos primigenios que deben ser analizados para desarrollar una política criminal vinculada al derecho a la no revictimización. Adicionalmente, la investigación se basa en el análisis de tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, violencia de género y sus implicaciones para garantizar la no revictimización, lo que representa una fuente indispensable ya que se traduce en el documento como parámetros de análisis para ser aplicados en la casuística local. La fuente de información que se utilizó para el desarrollo del análisis casuístico fue obtenida a través de expedientes de casos reales de la ciudad de Quito, el análisis documental, fue el método más idóneo para alcanzar los objetivos planteados en la investigación ya que a partir de ellos además obtener información certera, se evitó la revictimización de las personas a través de la rememoración de la experiencia traumática. El mayor hallazgo, fue detectar que existe un problema en el tratamiento de las víctimas de violación por parte del sistema de justicia que hace que se propenda a la revictimización, de tal forma que, del análisis cuantitativo y cualitativo, se concluyó que en el 100% de los casos analizados las víctimas tienen que rememorar más de una vez la experiencia traumática. Por último, este estudio da como resultado lineamientos de política criminal, para un adecuado tratamiento a víctimas de violación que van dirigidos a personas involucradas en la formulación de política criminal, como un mecanismo de exigibilidad del derecho a la no revictimización.