La seguridad jurídica en el procedimiento de determinación de responsabilidades civiles y administrativas de la Contraloría General del Estado

Abstract

Conforme terminan los períodos de gestión gubernamental, se va haciendo cada vez más evidente la necesidad de una adecuada actuación de los órganos de control, como mecanismo para velar por el correcto uso de los recursos públicos; y que éste llegue no únicamente a condenar eventuales perjuicios encontrados; sino, principalmente a demostrar una labor oportuna que evitó posibles lesiones al patrimonio estatal. Sin perjuicio de aquello, cuando el control de los recursos se lleva a cabo de forma posterior a las actuaciones de los funcionarios públicos es necesario que quienes tienen la facultad de llevar adelante el procedimiento de determinación de responsabilidades administrativas, lo hagan circunscribiéndose a las normas y principios legales y constitucionales vigentes. Para ello se debe considerar que la Contraloría General del Estado, tiene potestades conferidas por la Constitución y la ley, que le han entregado prerrogativas específicas que, en ocasiones, supondrá limitar los derechos de los ciudadanos, en aras a proteger el interés público; y su legitimidad dependerá del respeto a las garantías protegidas por el propio ordenamiento jurídico en el que se originaron aquellas. En este trabajo se analizará si el organismo de control del uso eficiente de los recursos públicos está observando las garantías de la seguridad jurídica y del debido proceso de los administrados y de los ciudadanos, y la legal aplicación de las normas que rigen el procedimiento de determinación de responsabilidades que se traducen en una gestión eficaz y el cumplimiento de sus fines. Para el efecto, se estudiará la garantías y principios constitucionales de obligatoria aplicación a los procedimientos sancionadores y de gravamen, su contenido y alcance. Se analizarán también las normas aplicables al procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades objeto de estudio, las interpretaciones que al respecto han dado los funcionarios del órgano de control, y su adecuación o no a las normas del ordenamiento legal y constitucional ecuatorianos; de ser el caso, se propondrá una alternativa para que las actuaciones se enmarquen en una práctica administrativa coherente y acorde con el Estado de derechos y justicia consagrado en la Constitución del Ecuador.