Procedimiento abreviado en los delitos de drogas

Abstract

El presente trabajo persigue poner en evidencia que el procedimiento abreviado en los delitos de droga, muchas veces, muy lejano de ser un beneficio, se convierte en una sentencia condenatoria injusta. Si bien el procedimiento abreviado ha sido creado con el fin de descongestionar las causas a las cuales les es aplicable este procedimiento, argumentado celeridad procesal, para su aplicación, en muchas ocasiones las personas privadas de libertad procesadas por delitos de drogas, ven vulnerados sus derechos constitucionales, tales como la presunción de inocencia y el derecho a no autoincriminarse. El procedimiento resulta ser beneficioso, cuando la fiscalía tiene todos los elementos de cargo, en contra del procesado, pero cuando no cuenta con dichos elementos, tanto la defensa técnica como la Fiscalía deberían actuar con objetividad y no solicitar al procesado la aplicación de este procedimiento, por cuanto su sentencia condenatoria, se tornaría inconstitucional e injusta. En estos casos, la aplicación del procedimiento abreviado, solo se convierte en la forma más fácil de descongestionar las causas, tanto para la fiscalía como para la judicatura, pero no un beneficio para el procesado. En ese sentido, este tipo de procedimiento se convierte en la solución habitual de los sujetos procesales, argumentando que lo que se busca es que se le imponga la pena menor determinada en el delito y al poco tiempo recupera su libertad, no con la intención de beneficiarlo, sino con el fin de concluir una causa más; pero no se busca, que se imponga una sentencia justa, una vez que el juez o jueza ha valorado las pruebas. Por lo tanto, la aplicación del procedimiento abreviado, no debería ser una práctica diaria sino la última solución, cuando en contra del procesado, no existan pruebas suficientes a su favor.