Las medidas cautelares dentro del proceso contencioso administrativo

Abstract

A través de la justicia contencioso administrativa se pretende controlar la legalidad del actuar de la administración y con ello asegurar el equilibrio entre poder y libertad de las relaciones que se producen entre las instituciones del Estado y los ciudadanos; sin embargo en la realidad procesal ese control se mira generalmente lejano ya que la falta de celeridad en los procesos judiciales o el propio proceso impugnatorio en sí mismo, provoca efectos negativos para los derechos e intereses de los ciudadanos que se ven sometidos a los efectos de las actuaciones administrativas, sin importar si estas han sido o no ajustadas a Derecho ya que, tales actuaciones de la administración, gozan de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad y a pesar de que estas puedan ser impugnadas judicialmente continuarán surtiendo sus efectos lo que podría devenir en la frustración de las pretensiones de quienes ejercen la acción impugnatoria por cuanto el paso del tiempo y la prerrogativa estatal de la ejecutividad de las actuaciones administrativas podrían devenir en la ineficacia del proceso judicial, vulnerándose de esta forma el acceso a una tutela judicial efectiva. Frente a esta realidad, surgen las medidas cautelares como un mecanismo legal que busca asegurar la tutela judicial efectiva y la eficacia de las sentencias, siendo necesario para el efecto que en la normativa procesal se establezca la posibilidad de adoptar estas medidas, bajo parámetros determinados para su concesión, y con un enfoque de plena jurisdicción; es decir, concediendo a los juzgadores la capacidad de conceder medidas cautelares según las particulares circunstancias de cada caso, para así asegurar la eficacia de las sentencias y con ello la tutela judicial efectiva. Es por ello, que en el presente estudio, se realizará un análisis de qué son las medidas cautelares, es decir como estas se definen, cuál es su naturaleza y además cuáles son sus características y presupuestos de concesión a fin de poder determinar que su establecimiento en los ordenamientos jurídicos busca salvaguardar el acceso real a una tutela judicial efectiva, vista como una garantía a la que tienen derecho los ciudadanos, garantía que se mira desde las perspectivas de acceso a la jurisdicción, celeridad procesal y por sobre todo eficacia de las resoluciones judiciales.