La defensa pública frente al poder coercitivo estatal

Abstract

A partir de la promulgación y entrada en vigencia de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, la protección de los derechos fundamentales de las personas rompe el esquema de que los mismos eran protegidos en la medida que los mismos estuvieran desarrollados en la ley. La nueva Constitución determina la igualdad de todos los derechos de las personas y establece mecanismos de protección con el fin de garantizar su goce efectivo; con lo cual se busca generar el respeto a los mismos y controlar el poder estatal y los poderes privados; sin embargo estos no fueron los únicos avances constitucionales, sino que se crean instituciones públicas que tienen como misión el de garantizar el respetos de los derechos Es así que nace la Defensoría Pública del Ecuador como la institución estatal que tiene como fin garantizar el acceso a la justicia de las personas que por cualquier motivo no puedan acceder a una defensa privada, siendo su labor la de garantizar el derecho a la defensa de los usuarios que acuden a sus dependencias para acceder a los servicios de un abogado para que les represente en un proceso legal. El Estado ecuatoriano por medio de la Defensoría Pública ha generado un gran avance respecto de la tutela de los derechos fundamentales de las personas sometidas a poder punitivo estatal, ya que otorga un defensor que asesore legalmente y brinde el patrocinio a las personas más necesitadas. En el ámbito penal, la Defensa Pública por mandato constitucional es la contraparte de la Fiscalía General del Estado, titular para ejercer la acción penal pública, por lo que se les determina a las dos entidades la misma jerarquía o igualdad; sin embargo dicha igualdad solo está determinada materialmente, ya que formalmente en la realidad la Fiscalía posee mayores recursos humanos y económicos, generando un desequilibrio en el actuar dentro de un proceso penal; dicho desequilibrio genera que exista asimetría en los roles de cada una de las dos instituciones y que al acceder al sistema de justicia, dicha asimetría termina conculcando los derechos fundamentales de las personas que son sometidas al poder punitivo estatal.