La persecución penal por el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente en la provincia Bolívar

Abstract

El trabajo de investigación tiene como objeto de estudio la aplicación del tipo penal determinado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, esto es, el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Se abordan experiencias de operadores de justicia de la provincia Bolívar, desde una visión tripartita de acuerdo al rol que cumplen en un proceso penal. Además, se plantean ejemplos prácticos de cómo se está aplicando en la actualidad esta infracción penal. La investigación tiene un enfoque cualitativo en la que se busca la descripción del fenómeno u objeto de estudio. Además, su alcance es exploratorio pues se observó que el tema no ha sido investigado a profundidad en relación con los criterios objetivos de imputación de este tipo penal. Para su desarrollo, se dividió el trabajo en dos capítulos. El capítulo uno explica la importancia de la política criminal, como parte de la política pública, como determinante para la creación del tipo penal estudiado. Analiza los acontecimientos que fueron moldeando el discurso público y las justificaciones de carácter político de respeto a la autoridad. Continúa con la reflexión sobre los principios constitucionales que deben aplicarse para tipificar una conducta como infracción penal y se realiza un primer contraste frente al injusto penal estudiado. Finalmente, se describió y comparó las posiciones doctrinarias que sustentan el castigo de la desobediencia a la autoridad. El segundo capítulo, por su parte, inicia con la teoría del bien jurídico dentro de la creación y aplicación de tipos penales. Se estudian sus funciones a través de criterios doctrinarios, especialmente, pero sin limitarse a, la que cumple como límite del ius puniendi. El debate se centra en determinar cuál es el bien jurídico que el Estado busca cuidar con la tipificación del delito de desobediencia a órdenes de autoridad competente. Antes de culminar la investigación fue imprescindible razonar si es posible someter al poder penal el incumplimiento de las decisiones de una autoridad. Para ello había que determinar si una conducta humana era idónea para afectar el bien jurídico protegido por la norma penal y, de ser el caso, qué circunstancias o presupuestos debían cumplirse para ello. O si, por el contrario, el comportamiento de una persona no causaba afectación o amenaza grave a un interés legítimo y por ende no se justificaba la intervención penal. La lesividad de la conducta analizada como de peligro abstracto dio pie para dilucidar esto.