La acción ordinaria de protección contra particulares

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador del año 2008 en relación con la Constitución del año 1998 presenta un avance en lo que se refiere a las garantías de los derechos fundamentales, planteándose incluso el cambio hacia un nuevo paradigma constitucional. Siendo la acción de protección la garantía jurisdiccional emblemática en este nuevo momento del derecho ecuatoriano. En esta tesis se estudia los cambios operados en la introducción de la acción de protección, en relación a su precedente la acción de amparo de la Constitución de 1998, en especial en estos aspectos: a) La evolución de una garantía meramente cautelar a una acción tutelar, con la función de prevención de las potenciales violaciones de derechos y el reparar los derechos que se hayan violentado; b) El estudio del ámbito de ejercicio de la acción de protección, a tono con el nuevo paradigma constitucional, no limitada únicamente a frenar los excesos del poder del Estado frente a los ciudadanos, sino con un radio de acción ampliada en cuanto al control y límite que ejercen los poderes fácticos privados de la sociedad, cuando estos violenten derechos fundamentales, causados precisamente, por particulares con contra de particulares, lo que generará un doble efecto de protección de esta acción: vertical estado-particulares, y, horizontal particulares-particulares; y, c) Finalmente la presente investigación aspira explicar y aclarar los casos o las situaciones en que la acción de protección puede ser activada por parte de un particular en contra de otro particular, esto es, por la violación de derechos fundamentales en la prestación de servicios públicos o cuando causen daño grave, indefensión, subordinación y discriminación. Para tales efectos, como parte de la metodología considerada para su desarrollo, se ha previsto generar una revisión doctrinaria, la exploración bibliografía producida sobre la materia de estudio, el análisis de fallos de los jueces de instancia que en esta línea se han emitido, el lineamiento que direcciona la Corte Constitucional con respecto a la acción de protección, y sobre ellas, las acciones constitucionales producidas entre particulares. Las reflexiones teóricas y doctrinarias relativas a la vulneración de derechos fundamentales, la eficacia de estos derechos entre particulares, la violación de derechos en la relaciones jurídico privadas, comportan una serie de variantes, ya en el ámbito constitucional, y, ya en su aplicabilidad en el campo legal-procesal respecto a su accionar y su eficacia, como medida protectora de carácter especial; creería, no solo relacionada a derechos fundamentales, sino irradiada a la vulneración de cualquier derecho garantizado en la constitución, todo ello nos invita como se dijo, a aborda una revisión doctrinal y bibliográfica, la revisión de resoluciones de los jueces y tribunales de instancia, investidos por el constituyente a través de la constitución, al conocer acciones constitucionales, como jueces constitucionales con jurisdicción y competencia en este ámbito, así como los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la institución en estudio. En atención a línea de hallazgos consideramos necesario en correlación con la teoría general del proceso y en concordancia con la naturaleza de la garantía constitucional, que la acción de protección se la desarrolle como un proceso jurisdiccional directo y autónomo, sopesada en la importancia de esta acción constitucional de proyección preventiva o cautelar y tutelar. Se ha identificado que los parámetros de inadmisibilidad que obran de la normativa infraconstitucional, particularmente de los contenidos de los Artículos 40 y 43 de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional han contribuido al debilitamiento de la acción de protección para salvaguardar de manera directa y eficaz la protección de los derechos constitucionales, no solo en el que hacer de lo público frente a lo privado, sino entre lo privado frente a lo privado, desplazándola a la esfera, creemos, erróneamente mal pensada, de ser una garantía residual, lo cual ha permitido y permite fomentar un campo de amplia la discrecionalidad en los administradores de justicia. Estos filtros han sido principalmente las causales más utilizadas por los jueces para inadmitir las acciones de protección. A marea de conclusión general se podría decir, que el mecanismo de defensa constitucional de la acción de protección moldeada por el constituyente, fue concebida como principio y fin, la protección de todos los derechos constitucionales de manera directa y eficaz, esa fue la visión y esa debe ser la orientación. Creemos que es necesario se rescate el espíritu de la acción de protección, en su real dimensión y aplicación, reconociéndola, como lo es, una garantía constitucional, que para su viabilización este dotada de un procedimiento directo, sumario, autónomo y preferente, que se desarrolle de manera sencilla, rápida y eficaz, que permita judicialmente la efectiva protección derechos constitucionales.