Obligaciones estatales en materia de derechos humanos: el control de convencionalidad desde el caso Guzmán Albarracín

Abstract

El control de convencionalidad es un mecanismo de garantía del ejercicio de los derechos de las personas. Además, es de obligatorio cumplimiento para el Estado ecuatoriano. Estas premisas han sido el punto de partida para la generación de diversos nudos críticos en la aplicación de este instituto a la luz de la realidad constitucional ecuatoriana. Pero toda formalidad deviene en innecesaria cuando existen vulneraciones sistemáticas a los derechos de las personas, como la violencia en el ámbito educativo que vivió Paola Guzmán Albarracín y que ha provocado que Ecuador sea responsable internacional por el perjuicio causado a la adolescente y a su familia. Esta sentencia ha involucrado tanto a autoridades jurisdiccionales como administrativas. En el diseño y desarrollo de la presente investigación se ha empleado el método dogmático, a través de la técnica de análisis documental de las fuentes normativas y doctrinarias disponibles. Se ha empleado la técnica de análisis de caso para las fuentes jurisprudenciales, nutrida de la metodología de desempaque de derechos y análisis del discurso, además de entrevistas que han permitido recoger las impresiones de autoridades públicas sobre el instituto en estudio y fichas que evidencian el análisis de los documentos que servidoras y servidores públicos emiten. Al finalizar el presente estudio se ha puesto en evidencia la importancia de la aplicación de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos en las actividades diarias del quehacer público, se remarca la necesidad de generar un debate serio sobre la Constitución de carácter complejo, asimismo, permite repensar las obligaciones de las y los servidores públicos y visibiliza una forma de violencia que, aunque no es nueva, ha sido normalizada durante mucho tiempo afectando a muchas niñas y adolescentes.