El derecho humano a la participación de las personas adultas mayores en el ciclo de las políticas públicas a través del Consejo Consultivo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, período 2014-2021

Abstract

El Instituto Nacional de Estadística y Censos señala que al 2020 las personas mayores de 65 años en Ecuador representan el 7,48 %, proyectando que al 2050 esta población se triplicará al 21,8 %. El fenómeno del envejecimiento poblacional requiere acciones de la institucionalidad del Estado y que la sociedad a través de mecanismos que garanticen los derechos de las personas adultas mayores. El modelo garantista que adoptó en 2008 la Constitución ecuatoriana puso en la centralidad los derechos y las políticas públicas como garantía para hacerlos efectivos, estableciendo que la participación debe estar presente a todo nivel de gobierno para elaborar planes y políticas públicas. A partir de este marco, esta investigación buscó determinar si el Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional ha cumplido o no con la normativa nacional e internacional existente en relación a la protección y garantía del derecho a la participación social de las personas adultas mayores en la formulación de políticas públicas. Con este propósito, se desarrolló una investigación cualitativa de carácter exploratorio que incorpora el enfoque en derechos humanos recurriendo a fuentes bibliográficas especializadas en materia de derechos humanos, derecho constitucional y la normativa nacional e internacional. Además, este estudio acudió a fuentes primarias mediante técnicas de investigación cualitativa como entrevistas semiestructuradas, grupo focal y observación no participativa. De este modo, se determinó que existen avances, pero de carácter formal por medio de un funcionamiento del consejo consultivo que cumple con las normas; sin embargo, en lo operativo y desde la experiencia de las personas adultas mayores, no está garantizando el derecho a la participación de forma plena, activa y efectiva, sobre todo en la formulación de políticas públicas, y evidencia además un desconocimiento de lo que implica un envejecimiento activo.