Agravamiento de la responsabilidad del servidor policial con el advenimiento de la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza en casos donde existe muerte

Abstract

El presente trabajo de investigación aborda sobre la normativa existente sobre el uso progresivo de la fuerza además de un estudio de casos que nos permiten analizar los elementos de esta figura jurídica y los argumentos que se encuentran en las sentencias de casos que han generado conmoción social por este tipo penal establecido en el Código Orgánico Integral Penal y la dureza con que se han reprochado esta acciones al personal de la Policía Nacional que han Estado inmersos en estos conflictos de índole penal. El uso progresivo de la fuerza es uno de los principios que aplican las instituciones que tienen la obligación de velar por la seguridad social y el orden público, fundamentalmente a quienes se mencionó anteriormente y que bajo el amparo del Derecho Internacional y Constitucional son los únicos que cuentan con la potestad de realizarlo. La normativa comprende el uso progresivo de la fuerza en cinco niveles, resultando la última de ellas la más controversial por su dificultad de demostrarse y por ser la que más temor causa al no contar con regulación legal lo suficientemente clara sobre las garantías ni la defensa de quienes se han visto en la obligación de hacer uso de ella frente a un atentado, obteniendo como resultado de este hecho la muerte. Se ha analizado el ordenamiento jurídico en relación del uso progresivo de la fuerza además de aquellos casos que han generado conmoción social en el país por la rigurosidad con la que se han aplicado medidas judiciales y disciplinarias, permitiendo a través de esta investigación de carácter analítico y documental, determinar vaguedad y vacíos normativos, forjando de esta manera inseguridad en la actividad policial quienes en algunos casos han sido sentenciados por homicidio fundamentalmente desde la promulgación de la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, perjudicando su situación jurídica al modificarse el tipo penal por el que se acusa.